LIBERTAD DE EXPRESIÓN: CONDENA DE PERIODISTAS

Diez son los años que se cuentan desde que Jaime Garzón fue asesinado. Él con su indecible humor y su análisis concienzudo de la política colombiana, marcó para siempre el legado de un sinnúmero de periodistas que han defendido la libertad de expresión por encima incluso de su vida. Estos hechos son  ejemplo de cómo en Colombia sí se puede acallar las ideas de la Nación.  La muerte de cientos de comunicadores, incluida la de Garzón, reflejan la impunidad y negligencia de un Estado que pretende imponer un único sistema ideológico eliminando a quienes piensan diferente.

Con la Constitución de 1991, se estableció en el artículo 20 la libertad de difundir las ideas y opiniones sin temor a la censura. Sin embargo, a pesar de que la ley es explícita en la protección de este derecho fundamental y que Colombia ha ratificado pactos internacionales como la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión; son más de cien los periodistas que según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han sido asesinados en los últimos 13 años.  Comunicadores como Hollman Morris, son señalados públicamente y desprestigiados por expresar ideas divergentes a las del gobierno. A pesar de que  en el mandato de Álvaro Uribe Vélez han disminuido los asesinatos, los comunicadores que difunden las ejecuciones extrajudiciales o los vínculos con la llamada parapolítica, son blanco de desprestigio e interceptaciones ilegales por parte del Estado.

El último informe de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de prensa, sitúa a Colombia en el puesto 126 de 175 que tiene la lista,  señal alarmante para un país que debe defender a sus periodistas con el fin de garantizar un adecuado manejo de la opinión en la democracia colombiana. Y es que la labor de los comunicadores sociales debe ir encaminada precisamente a la denuncia de los delitos y crímenes que cometa el Estado o cualquier grupo delictivo en el país. No puede pretenderse que existan periodistas a favor de las ideologías políticas, cuando la profesión exige imparcialidad y neutralidad para responder a todas las ideas u opiniones de la sociedad.

De qué sirve que a muchos periodistas se les garantice protección, si son los mismos escoltas del gobierno los que vigilan e interrumpen la labor periodística que pretende denunciar los delitos del Estado.  A pesar que en el país quedaron atrás las pescas milagrosas, los territorios impregnados de guerrilla y las masacres de los grupos de autodefensa, es claro que muchas de las políticas que ha usado el gobierno para combatir el terrorismo están llenas de corrupción y sangre. Antes cuando la excusa del paramilitarismo respondía a las masacres de campesinos inocentes, no había un señalamiento de los asesinatos cometidos por las Fuerzas Militares, pero al desmovilizarse los frentes de Autodefensa han salido a la luz los crímenes que el Ejército ha perpetrado incluso con jóvenes que nunca pertenecieron a algún bando insurgente. La denuncia de estos hechos ha significado para los periodistas la amenaza contra su vida o el desprestigio público.

No sólo el gobierno atenta contra la labor periodística, también la guerrilla ataca a los comunicadores sociales que luchan porque los miles de secuestrados encuentren por fin su libertad. Es el caso de Herbin Hoyos que en el último mes tuvo que exiliarse huyendo de amenazas contra su vida.  El artículo 73 de la Carta Magna garantiza la protección de la profesión periodística con el fin de ejercer su libertad e independencia profesional; sin embargo, es el mismo Estado el que ante la intimidación de los periodistas ahonda en epítetos que desprestigian esta labor. Si la SIP indica que la tasa promedia son 4 periodistas asesinados por año a causa de su oficio, entonces ¿qué sentido puede tener la labor periodística?, ¿denunciar para morir?

Quizá la apuesta para los comunicadores de hoy, está en crear nuevas narrativas que evidencien los crímenes de Estado y guerrillas; puede que muchos periodistas sigan siendo asesinados y desprestigiados, pero es de cada quien la elección de contar o negar la verdad.  Deben existir mayores garantías para el ejercicio de la profesión y aislar el interés económico que promueven los monopolios de comunicación.  Si no hay  nuevos lenguajes, será más difícil evidenciar la realidad de la sociedad colombiana y seguirán quedando impunes la eliminación de aquellas voces que en nombre de la verdad quisieron construir un mejo país.

Mientras el gobierno no cierre canales de televisión y emisoras radiales como en Venezuela, la labor periodística está aún a tiempo de reivindicar la verdad de los hechos. El Congreso debe expedir mayores garantías para que los comunicadores sociales puedan expresarse en contra del gobierno. Esta oportunidad sólo será posible cuando en el país se le otorgue a la oposición la voz que ha sido acallada tantas veces como con el genocidio de la Unión Patriótica. Jaime Garzón demostró que para ser libre en Colombia hay que morir, pero los periodistas se matan a sí mismos cuando autocensuran su voz.

Autor: Jennifer Arévalo Bernal